Necesario un nuevo acuerdo nacional para la educación superior

Para que México pueda avanzar en los retos sobre desarrollo y educación superior requiere un nuevo acuerdo entre autoridades y universidades, afirmó el Rector General de la Universidad de Guadalajara, maestro Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, al participar en un coloquio realizado en el marco del 85 aniversario de la autonomía de la UNAM.
 
Bravo Padilla explicó la creciente demanda de educación superior, la escasez global de recursos financieros y la importancia del conocimiento como principal fuente de productividad. Señaló que si se quiere que el país se inserte en el desarrollo, es deseable que la cobertura en nivel superior (que es de 30%) se incremente por arriba de 40% (meta del Plan Nacional de Desarrollo) a 50% o más.
 
Se requiere además generar nuevos programas y fomentar la educación virtual con calidad; relanzar las carreras denominadas STEM (por sus siglas en inglés, Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas); propiciar mejor vinculación con los sectores productivo, gubernamental y social, e impulsar el posgrado, en especial doctorados de calidad.
 
En el coloquio “La autonomía universitaria en el siglo XXI: desafíos y oportunidades”, el Rector General propuso también atender criterios de equidad geográfica, fomentar la equidad socioeconómica y, en cuanto a la pertinencia, que los egresados sean capaces de atender las necesidades sociales.
 
En cuanto a financiamiento planteó varias propuestas e hizo eco de iniciativas de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). Habló de la importancia de ampliar la base fiscal; “no es sostenible que casi 7 de cada 10 estudiantes de la matrícula en educación superior estén en instituciones públicas, con una de las tasas de recaudación más bajas en América Latina y en países de la OCDE (19.7% del PIB, incluyendo la renta petrolera)”; y de que las universidades públicas amplíen y diversifiquen sus fuentes de financiamiento. 
 
Se necesita “actualizar el marco legal con una ley para el financiamiento de la educación superior, que establezca los compromisos del gobierno federal y de las entidades federativas”; elevar el presupuesto público a la educación superior a 1.5% del PIB y otorgar el 1% a ciencia y tecnología; contar con presupuestos plurianuales, sobre todo en los fondos de concurso, para promover una planeación de largo plazo; y ser más innovadores como lo han hecho países como Colombia, Costa Rica y Brasil, con impuestos especiales o indexaciones al PIB.
 
En su conferencia “Certeza de las universidades para atender la demanda social de cobertura educativa”, Bravo Padilla concluyó con la necesidad de un nuevo acuerdo nacional suscrito por los poderes Ejecutivo y Legislativo federales, los gobiernos estatales, las instituciones educativas y diversos actores, que defina prioridades e impulse políticas para la educación superior.

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